Actividades de drones a lo largo de la frontera son en parte la razón de este despliegue
HISPANIC GLOBAL NEWS / Javier Amieva
Laredo, Texas.— El Ejército de los Estados Unidos ha intensificado su presencia a lo largo de la frontera sur, en lo que se describe como un esfuerzo de apoyo logístico y de seguridad ante el incremento de los flujos migratorios y el aumento de la actividad de drones no autorizados operados desde el lado mexicano.
El despliegue, que incluye tropas de servicio en activo y unidades de la Guardia Nacional, busca fortalecer las operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, Aduanas y Protección Fronteriza) y mantener el control operativo en puntos sensibles de Texas, Arizona y Nuevo México.
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De acuerdo con funcionarios del Departamento de Defensa, los elementos asignados participan en tareas de vigilancia, ingeniería e inteligencia, además de construir infraestructura táctica como lo son cercas, torres de iluminación permanente y sistemas de cámaras de alta resolución. Parte del despliegue incluye el uso de vehículos blindados Stryker, equipados con sensores y cámaras térmicas capaces de operar durante el día y la noche, lo que permite monitorear grandes extensiones del desierto fronterizo.
Aunque el operativo fue presentado oficialmente como una acción de “apoyo técnico” a la CBP, nuevas directrices federales permiten a los mandos militares declarar ciertas zonas como “áreas de defensa nacional” (National Defense Areas), otorgando autoridad para realizar detenciones temporales y registros preventivos dentro de esos perímetros. Esa medida representa una expansión significativa del rol del Ejército en tareas que tradicionalmente eran exclusivas de agencias civiles y plantea interrogantes legales sobre los límites impuestos por la Ley Posse Comitatus, que prohíbe a las fuerzas armadas federales ejecutar funciones policiales en territorio estadounidense sin autorización del Congreso.
En Texas, el alcalde de Laredo, Dr. Víctor D. Treviño, confirmó que la ciudad fue notificada sobre el incremento de operaciones militares en el área del río Grande-río Bravo-. “Como se anunció en la reunión del Ayuntamiento, se nos informó que habrá una mayor presencia militar a lo largo del lado estadounidense del río, como muestra de fuerza, en respuesta al aumento de la actividad de drones desde el lado mexicano. La seguridad de nuestra comunidad es primordial y mantendremos al público informado a medida que se comparta más información”, declaró el oficial máximo en la ciudad, enfatizando que las maniobras se realizan en coordinación con autoridades locales y federales.
Las autoridades militares indicaron que el despliegue involucra elementos de divisiones como la 101ª División Aerotransportada y la 10ª División de Montaña, además de unidades de la Guardia Nacional que operan en rotaciones. En total, el número de efectivos activos a lo largo de la frontera pasó de unos 2,500 a más de 8,000 soldados, según reportes recientes del Comando Norte del Ejército estadounidense. Las tropas brindan apoyo en vigilancia aérea, transporte, comunicaciones y construcción de infraestructura crítica en áreas de alto tráfico migratorio.
En Laredo, uno de los principales corredores de comercio internacional entre México y Estados Unidos, los destacamentos militares mantienen operaciones conjuntas con las agencias fronterizas y bases aéreas de apoyo. Fuentes locales indican que aproximadamente 100 soldados y una decena de vehículos Stryker han sido desplegados en esta zona, reforzando la presencia de la Patrulla Fronteriza ante posibles incrementos en los cruces irregulares y las amenazas a la seguridad aérea que representan los drones.
Sin embargo, la medida ha generado debate. Organizaciones civiles y expertos en derecho constitucional advierten que la nueva designación de “zonas de defensa nacional” podría permitir que el Ejército actúe más allá de los límites establecidos por la ley. Según el Centro Brennan para la Justicia, esa práctica puede abrir la puerta a una militarización progresiva de la frontera y eludir la supervisión del Congreso. Otros analistas, en cambio, sostienen que la medida responde a una realidad operativa urgente y que el uso del personal militar ha sido fundamental para mantener la seguridad en los sectores de mayor presión migratoria.
A pesar del cierre parcial del gobierno federal, el personal asignado a estas misiones continúa sus operaciones bajo órdenes de emergencia y con recursos reasignados y otorgados a partida diferente en un inicio.
Los mandos castrenses y civiles aseguran que las tropas reciben capacitación especial sobre las restricciones legales del Posse Comitatus Act y que su papel se limita a tareas de apoyo, sin participar directamente en arrestos o procedimientos migratorios, salvo en las áreas clasificadas bajo jurisdicción de defensa nacional.
El contexto operativo de este despliegue refleja la creciente presión migratoria y la necesidad del gobierno estadounidense de mantener el control fronterizo en una etapa de ajustes administrativos y restricciones presupuestarias. Las medidas, aunque polémicas, buscan —según el Pentágono— “proteger al personal y las instalaciones federales, reforzar la seguridad nacional y respaldar la misión civil de la Patrulla Fronteriza en tiempos de alta demanda operativa”.
