Una decisión que refuerza la estabilidad de miles de familias inmigrantes y la competitividad laboral de Estados Unidos
HISPANIC GLOBAL NEWS/ Javier Amieva
Laredo, Texas.- La Corte Suprema de Estados Unidos decidió no tomar en consideración un recurso que buscaba anular una norma federal que permite que ciertos cónyuges de titulares de visas H-1B puedan trabajar legalmente en el país. Con ello, el máximo tribunal dejó en pie una decisión de apelación de 2024 que avaló la legalidad del programa y, en la práctica, otorgó una victoria significativa a miles de familias inmigrantes y a las empresas que dependen de su talento.
Al negarse a admitir el caso presentado por el grupo Save Jobs USA, los jueces respaldaron la autoridad del gobierno federal para otorgar permisos laborales a los titulares de visas H-4, es decir, los dependientes de trabajadores altamente calificados bajo el esquema H-1B. La resolución preserva una fuente clave de estabilidad económica y familiar para quienes enfrentan prolongadas demoras en la obtención de la residencia permanente, así como para los empleadores que buscan retener personal especializado en un mercado cada vez más competitivo.
El caso, que se prolongó durante casi una década, tuvo origen en 2015, cuando la administración de Barack Obama implementó la regla denominada “Autorización de empleo para ciertos cónyuges dependientes H-4”. La medida permitió que los cónyuges de titulares H-1B cuyo trámite de residencia permanente se encuentre en proceso pudieran solicitar permiso de trabajo, una decisión que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estimó beneficiaría a unas 180 mil personas en su primer año y a unas 55 mil anualmente a partir de entonces.
Save Jobs USA, un grupo que representa a trabajadores tecnológicos estadounidenses, presentó en agosto de 2024 una nueva petición ante la Corte Suprema, argumentando que el DHS había excedido su autoridad al extender la autorización de trabajo a los dependientes con visa H-4. Según su planteamiento, la agencia “crea un sistema de inmigración separado que subvierte el que el Congreso puso en marcha”. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC ya había rechazado previamente esos argumentos, concluyendo que la ley federal sí otorga al DHS facultades para permitir el empleo de ciertos no inmigrantes en circunstancias específicas.
La orden emitida el lunes no incluyó explicaciones, como es habitual en el tribunal, y pone punto final a años de litigios sobre un tema que ha enfrentado a defensores de los trabajadores inmigrantes con grupos que acusan a las empresas tecnológicas de desplazar a empleados estadounidenses. Desde la promulgación de la norma, más de 258 mil titulares de visas H-4 han recibido autorización de trabajo, de acuerdo con datos del DHS.
Para los defensores de la política, la posibilidad de que los cónyuges —muchos de ellos profesionales con alta formación— puedan trabajar es esencial para mantener el atractivo del país entre los trabajadores calificados del extranjero. Argumentan que restringir ese derecho podría provocar una pérdida de talento en sectores estratégicos como la tecnología, la ingeniería y la investigación.
La decisión llega en un contexto de fuertes tensiones políticas en torno a la inmigración basada en el empleo. El pasado 19 de septiembre de 2025, el presidente Donald Trump propuso imponer una tarifa de 100 mil dólares para las nuevas solicitudes de visa H-1B.
Bajo el programa H-1B, establecido en 1990, las empresas estadounidenses pueden contratar profesionales extranjeros en ocupaciones especializadas por períodos de tres a seis años. La nueva tarifa propuesta por la administración Trump aplicaría como un pago único por cada nueva petición presentada ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a partir del 21 de septiembre de 2025.
Quedarían exentos los titulares actuales con visas vigentes, las renovaciones previamente aprobadas y las solicitudes presentadas antes de esa fecha. El pago deberá realizarlo el empleador, y toda petición que no lo incluya será rechazada. Además, el Departamento de Estado tendría que verificar el pago antes de emitir la visa correspondiente.
Sin embargo, aún no existe un mecanismo oficial para procesar la referida tarifa. USCIS no ha informado cómo se llevará a cabo el cobro, lo que podría derivar en retrasos y solicitudes adicionales de información (Requests for Evidence o RFE) mientras se define el procedimiento. Tampoco está claro cómo verificará el Departamento de Estado la confirmación del pago durante el trámite consular.
