Desde la capital, autoridades mexicanas enfrentan una nueva crisis tras la fuga de Zhi Dong Zhang, un ciudadano chino acusado de lavado y tráfico de drogas, quien permanecía bajo arresto domiciliario en Tabasco. Este incidente ha generado reproches en EE. UU., que exige medidas más contundentes contra el crimen organizado.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió ordenando la intervención de agentes federales para reforzar la vigilancia del sistema judicial y garantizar la reaprehensión del fugitivo.
La situación ha puesto en duda la capacidad institucional para garantizar la seguridad y ha tensado las relaciones diplomáticas con Washington.
Desde febrero de 2025, México desplegó más de 10,000 efectivos de la Guardia Nacional en puntos estratégicos fronterizos para contener el flujo de fentanilo y tráfico ilegal, logrando—según cifras blancas del INM—la prevención de 700,000 cruces irregulares. Expertos advierten que la fuga del acusado expone fallas persistentes en el sistema de justicia penal y alimenta las críticas sobre la impunidad en regiones como Sinaloa y Tabasco.
Estados Unidos ya ha amenazado con imponer nuevos aranceles si no se demuestra progreso concreto en extradiciones y acciones contra cárteles.
Mientras tanto, la presión diplomática crece: una delegación congresional estadounidense abordará la cooperación bilateral en seguridad, narcotráfico y comercio en reuniones con autoridades mexicanas en los próximos días.
La administración mexicana enfrenta el reto de equilibrar autoridad soberana y demanda internacional de resultados, en un escenario de alta complejidad política y operativa.
