La ley exige una notificación escrita con al menos tres días de antelación. La nueva propuesta ampliaría las formas válidas de entrega, lo que podría generar confusión o dejar a los inquilinos sin medios para defenderse legalmente.
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Austin, Texas.— La Cámara de Representantes de Texas aprobó el sábado una versión modificada del Proyecto de Ley Senatorial 38 (SB 38), diseñado para facilitar a los propietarios el desalojo de ocupantes ilegales, conocidos comúnmente como squatters. La propuesta ahora deberá ser revisada por el Senado antes de avanzar al escritorio del gobernador Greg Abbott para su eventual promulgación.
Con una votación de 85 a 44, los legisladores dieron luz verde a una iniciativa que ha provocado un intenso debate entre propietarios, defensores del derecho a la vivienda y líderes políticos, al equilibrar el derecho a la propiedad privada con las garantías mínimas para arrendatarios e inquilinos vulnerables.
La versión original del proyecto alarmó a defensores de los inquilinos, quienes advirtieron que permitiría a los propietarios desalojar sin necesidad de un juicio previo ni notificación adecuada. Sin embargo, la Cámara eliminó esa disposición tras fuertes críticas, limitando el proceso de desalojo acelerado exclusivamente a casos de ocupación ilegal legítima.
“Estoy celebrando el hecho de que podría haberse aprobado un proyecto de ley significativamente peor y no se aprobó”, comentó Mark Melton, abogado y líder del Centro de Defensa de los Desalojos de Dallas, quien ha trabajado con miles de inquilinos en riesgo de perder su vivienda.
Un tema prioritario para el liderazgo estatal
Combatir la ocupación ilegal de propiedades se ha convertido en una prioridad para los principales líderes republicanos de Texas, incluyendo el gobernador Abbott, el vicegobernador Dan Patrick y el presidente de la Cámara de Representantes, Dustin Burrows. Según organizaciones como la Asociación de Apartamentos de Texas, los reportes sobre squatters han ido en aumento, y argumentan que las leyes actuales no ofrecen herramientas efectivas para los propietarios ante este tipo de situaciones.
Sin embargo, a pesar de los cambios, defensores de la vivienda consideran que el proyecto aún representa un retroceso en las protecciones para los inquilinos. Por ejemplo, la SB 38 prohibiría al gobernador y a la Corte Suprema de Texas modificar los procedimientos de desalojo durante emergencias, como ocurrió en la pandemia de COVID-19, cuando se suspendieron desalojos para facilitar el acceso a apoyos de renta.
Otro aspecto controversial es la flexibilización de las normas sobre cómo los propietarios pueden entregar la notificación de desalojo. Actualmente, la ley exige una notificación escrita con al menos tres días de antelación. La nueva propuesta ampliaría las formas válidas de entrega, lo que, según sus críticos, podría generar confusión o dejar a los inquilinos sin medios para defenderse legalmente.
Además, una disposición permitiría a los propietarios proceder con desalojos incluso si una ley federal lo prohíbe, algo que expertos legales y organizaciones como Texas Housers consideran inconstitucional. “No hay ninguna parte de este proyecto que sea buena, y ninguna parte es necesaria”, afirmó Ben Martin, director de investigación de esa organización.
Hacia un debate más amplio
La propuesta ahora pasa de nuevo al Senado para considerar las modificaciones de la Cámara. Aunque los ajustes han aliviado algunas de las preocupaciones iniciales, el debate revela tensiones persistentes en torno a la política de vivienda en Texas. En una entidad con escasa regulación para inquilinos, cualquier cambio en la legislación de desalojos podría tener efectos significativos, especialmente en comunidades de bajos ingresos o fronterizas donde la estabilidad habitacional ya es frágil.
