El Departamento de Regulación Ferroviaria de Texas (RRC, por sus siglas en inglés) anunció la entrada en vigor de nuevas normas sobre la disposición de aguas residuales a partir del 1 de junio de 2025. Estas regulaciones buscan proteger los acuíferos del estado limitando la presión y el volumen de inyección en pozos profundos, una práctica común en la industria petrolera.
Expertos señalan que estas nuevas disposiciones podrían incrementar los costos operativos entre un 20 % y un 30 %. Esto representaría un aumento cercano a 1 dólar por barril de agua tratada, lo que pone en aprietos principalmente a los pequeños productores en regiones como el Permian Basin, donde la producción ya enfrenta presiones por los bajos precios del petróleo.
La industria ha expresado su preocupación ante este panorama, señalando que los márgenes de ganancia están cada vez más limitados. El precio del crudo ha rondado los 64 dólares por barril, una cifra que muchos consideran insuficiente para absorber los nuevos gastos operativos sin comprometer empleos o inversiones.
Sin embargo, las autoridades defienden la medida como una acción necesaria para la sostenibilidad ambiental a largo plazo. Aseguran que la prioridad es evitar filtraciones y proteger las fuentes de agua del estado ante el crecimiento acelerado del sector energético.
