● Una propuesta bipartidista busca aliviar a consumidores y comerciantes eximiendo productos esenciales del impuesto estatal a los inventarios
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Laredo, Texas. – Un nuevo debate en el Capitolio estatal podría traducirse en un alivio tangible para miles de familias y pequeños negocios texanos. Dos propuestas de ley están tomando fuerza y apuntan directamente al impuesto sobre el inventario, una carga que, aunque poco visible a los ojos del consumidor, impacta directamente en los precios de alimentos y medicamentos.
Se trata del Proyecto de Ley del Senado 2907 y el Proyecto de Ley 4083 de la Cámara de Representantes. Ambas propuestas, respaldadas por legisladores tanto demócratas como republicanos, buscan eliminar un impuesto ad valorem con el que se gravan ciertos productos esenciales como alimentos frescos y medicamentos. La norma en debate tiene como autores al senador Royce West (D-Dallas), el senador Paul Bettencourt (R-Houston) y la representante Angie Chen Button (R-Garland), quienes coinciden en que la medida puede generar beneficios significativos para los texanos.
El impuesto sobre el inventario en Texas se calcula cada año con base en el valor de los productos no vendidos que permanecen en estanterías, almacenes o trastiendas. A diferencia de muchos otros estados, en Texas esta carga se aplica incluso a bienes esenciales que ya están exentos del impuesto sobre las ventas, como la leche, los huevos, las frutas, la carne o ciertos medicamentos.
“Texas es uno de los pocos estados que tiene un impuesto al inventario. Al final del año, el estado de Texas dice… tienes que contar todo tu producto… y pagar un impuesto sobre el inventario. Ese impuesto varía, pero podría ser de 0.2% a 0.5%, lo que en nuestra industria es significativo”, explicó Gary Huddleston, consultor de la industria de comestibles de la Asociación de Minoristas de Texas.
Huddleston señala que este impuesto resulta especialmente complicado para sectores que manejan productos perecederos, como supermercados y farmacias. No se trata de eliminar el impuesto en su totalidad, aclaró, sino de aplicar exenciones estratégicas que permitan a los comercios operar con mayor eficiencia. “No estamos pidiendo que desaparezca por completo, pero estamos pidiendo algunas exenciones para ayudar a las empresas”, dijo.
El respaldo a estas iniciativas ha sido contundente por parte de Texans for Affordable Food and Medicine, una coalición que agrupa a minoristas y asociaciones comerciales. La organización sostiene que eliminar el impuesto sobre inventarios de alimentos frescos y medicamentos no solo reduciría los precios, sino que también fortalecería a las pequeñas tiendas y mejoraría el acceso a estos productos en comunidades rurales y marginadas.
“El negocio es súper competitivo”, agregó Huddleston. “Así que es algo que si un tendero puede reducir el costo, va a reducir el comercio minorista para el cliente”.
Las cifras también respaldan la urgencia del tema. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Texas tuvo entre 2021 y 2023 la segunda tasa más alta de inseguridad alimentaria en el país, con casi un 17%, muy por encima del promedio nacional del 13.5%.
Desde el inicio de la sesión legislativa de Texas, los legisladores estatales enfrentan una creciente presión de la comunidad empresarial para abordar el tema de la carga que representa para la economía estatal la aplicación del impuesto al inventario, un gravamen sobre bienes almacenados y equipos operativos que pocos estados imponen.
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Los propietarios de negocios, como Sam Zavary, de Exclusive Furniture, argumentan que el impuesto en cuestión, que puede significar en sus flujos decenas de miles de dólares al año, es un obstáculo importante para el crecimiento, especialmente cuando se aplica a grandes inventarios como existencias de almacén, vehículos y computadoras. La tasa actual de 3.6% a 3.7% puede traducirse en significativos egresos que las empresas deben pagar independientemente de su rentabilidad.
Con un superávit presupuestario de 33 mil millones de dólares, el gobernador Greg Abbott ha calificado el momento como una “oportunidad única en una generación” para proporcionar un amplio alivio fiscal. Si bien la exención actual para el inventario es de 2 mil 500 dólares, Abbott ha propuesto aumentarla a 100 mil. Mientras tanto, la Federación Nacional de Empresas Independientes está abogando por una exención aún más generosa de 250 mil que, según afirman, serviría para ayudar a compensar los crecientes costos operativos y permitir la reinversión en personal y expansión en un año que presagia tiempos turbulentos.
El debate refleja preocupaciones más amplias sobre la competitividad y el clima de negocios en Texas. Para aquellos que necesitan un poco de ayuda con las matemáticas, ese millón de dólares en existencias en el almacén de una empresa se traduce en pagos de impuestos a los inventarios por $36 a $37 mil dólares cada año.
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Aunque en ocasiones anteriores no prosperaron reformas similares, este año parece haber condiciones más favorables. Texas cuenta actualmente con un considerable superávit presupuestario, lo que podría facilitar la implementación de esta medida sin afectar las finanzas del estado.
De aprobarse, las exenciones fiscales entrarían en vigor en 2026. Por ahora, ambos proyectos deberán pasar por las comisiones correspondientes y ser sometidos a la aprobación en el pleno de ambas cámaras legislativas.