La reactivación de obras en áreas protegidas reabre el debate sobre seguridad fronteriza, conservación ambiental y el alcance del poder federal en tierras públicas
HISPANIC GLOBAL NEWS/ Javier Amieva
Arizona, Estados Unidos.- Al sur de Arizona, en la frontera con Sonora México, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, retomó la construcción del muro fronterizo, al ocasionar fuertes detonaciones en el límite de la reserva natural Monumento Nacional Coronado. La intervención ocurre en una de las zonas ecológicas más sensibles del suroeste de Estados Unidos, donde convergen el Bosque Nacional Coronado y el Valle de San Rafael, considerado uno de los corredores de vida silvestre más importantes que permanecen entre ambos países.
En este corredor habitan especies en peligro de extinción como jaguares y ocelotes, cuya supervivencia y movilidad depende de la continuidad territorial entre ecosistemas. La reanudación de obras, que implicó el uso de explosivos en terreno protegido, ha encendido alertas entre especialistas en conservación y administración de tierras públicas.
La base legal de estas obras se encuentra en una sola disposición: la Sección 102 de la Ley Real ID de 2005. Esta norma otorga al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional la facultad de eximir la aplicación de casi 50 leyes federales —incluidas la Ley Nacional de Política Ambiental, la Ley de Especies en Peligro de Extinción, las leyes de Agua y Aire Limpios y la Ley de Antigüedades, entre otras— para actividades consideradas “necesarias para la mejora de las barreras fronterizas”.
Trump se ha referido continuamente a la situación en la frontera sur como una “invasión”, en la que posibles “terroristas, espías extranjeros, miembros de cárteles, pandillas” y otros individuos intentan causar daño a Estados Unidos.
En el debate legislativo también se tiende a señalar que los migrantes pueden deteriorar paisajes naturales al dejar basura, provocar incendios o abrir rutas hacia áreas silvestres. Investigaciones han reconocido que estos riesgos existen; sin embargo, también se sostiene que los migrantes, como grupo, son más respetuosos de la ley que los propios ciudadanos al visitar las mencionadas áreas, incluso fuentes informaron a SFGATE que los visitantes de tierras públicas causan mucho más daño ambiental que quienes cruzan la frontera de forma irregular.
Para especialistas en política ambiental, el uso de estos argumentos redefine el equilibrio institucional en la gestión del territorio. Kelly Cox, especialista sénior en políticas y planificación de Defenders of Wildlife, advirtió que las disposiciones legales vigentes representan “un cambio preocupante en la forma en que nuestras agencias federales de tierras pueden ejercer su autoridad de gestión”.
Según Cox, en un radio de 160 kilómetros de las fronteras norte y sur del país, “los administradores de tierras están siendo colocados cada vez más en un rol subordinado al DHS”. Este desplazamiento institucional altera prácticas históricas de coordinación entre agencias civiles y fuerzas de seguridad.
Tradicionalmente, la relación entre la Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. y los administradores de parques se ha regido por memorandos de entendimiento que obligan a ambas partes a colaborar respetando sus misiones respectivas. Bajo dicho esquema, se han implementado soluciones menos destructivas, como lo son torres de vigilancia móviles, en lugar de infraestructura permanente en paisajes ecológicamente sensibles.
Ese modelo de cooperación enfrenta tensiones crecientes en el contexto actual. En marzo de 2025, al menos 200 efectivos del Ejército de Estados Unidos llegaron al parque Big Bend como parte del estado de emergencia declarado en la frontera, pese a que el parque era una de las zonas más tranquilas dentro del sector fronterizo donde ocurrían menos detenciones de migrantes.
La reactivación de obras en áreas protegidas del sur de Arizona genera un debate más amplio: el alcance del poder federal para modificar el uso de tierras públicas en nombre de la seguridad nacional. La combinación de excepciones legales, infraestructura permanente y presencia militar redefine, no sólo el paisaje físico de la frontera, sino también el equilibrio entre conservación ambiental, gobernanza territorial y política migratoria.
