El fallo en Boston que beneficia a cientos de miles de personas cuyo permiso migratorio temporal (parole) fue revocado en 2025 abre un nuevo frente legal para la administración Trump
HISPANIC GLOBAL NEWS / A. López y Javier Amieva
Laredo, Texas.- La jueza federal en Boston, Allison Burroughs, ordenó a la administración de Donald Trump restablecer el estatus legal de miles de migrantes que ingresaron a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One, en una decisión que reconfigura el panorama migratorio y podría escalar hasta la Corte Suprema.
El fallo, emitido el 31 de marzo de 2026, obliga al gobierno a devolver los beneficios migratorios a quienes accedieron al país a través de este mecanismo digital, utilizado durante el gobierno anterior.
Un programa cancelado al inicio de la era Trump
CBP One fue una aplicación implementada durante la administración de Joe Biden que permitía a migrantes agendar citas para ingresar a Estados Unidos desde la frontera con México para obtener un permiso temporal de trabajo. A través de un sistema aleatorio se asignaban hasta 1,450 citas diarias en ocho puertos de entrada terrestre.
Sin embargo, la herramienta fue desactivada el 20 de enero de 2025, apenas una hora después de que Trump iniciara su segundo mandato presidencial. Ese mismo día, solicitantes de asilo que esperaban en la frontera vieron cómo sus citas eran suspendidas sin claridad sobre su futuro.
Correos masivos y pérdida de estatus
Según la demanda presentada por Democracy Forward y Massachusetts Law Reform Institute, en contra de la finalización de este estatus, en abril de 2025 la administración envió notificaciones masivas a los beneficiarios del programa informándoles que su parole y permisos de trabajo habían sido revocados y diciendo que “era hora de que abandonaran Estados Unidos”.
Algunos migrantes ni siquiera recibieron estos avisos y varias personas descubrieron que habían perdido su estatus al revisar sus registros migratorios.
¿A quiénes beneficia la orden judicial?
La orden judicial aplica a quienes ingresaron a Estados Unidos mediante CBP One entre el 16 de mayo de 2023 y el 19 de enero de 2025, perdieron su parole tras la revocación de abril de 2025 y permanecen actualmente en territorio estadounidense.
De acuerdo con el fallo, cerca de 900 mil migrantes fueron afectados por la cancelación del programa. La mayoría provenía de Venezuela, Cuba y Haití.
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó tener la facultad de revocar la libertad condicional de aquellos a quienes la administración Biden permitió el ingreso al país.
“No estamos de acuerdo con este flagrante activismo judicial que socava la autoridad del Presidente, según el Artículo II, para determinar quién permanece en este país”, señaló la dependencia. “La administración Biden abusó de la autoridad de libertad condicional bajo el desastroso programa CBP One para permitir la entrada a Estados Unidos de millones de inmigrantes indocumentados, lo que avivó aún más la peor crisis fronteriza de la historia del país”, añade el comunicado.
Un fallo con alcance político y legal
Expertos señalan que la decisión de Burroughs no solo tiene efectos inmediatos, sino que también abre la puerta a una batalla legal más amplia.
Como ocurre con otros fallos de cortes de distrito, el gobierno puede acatar o impugnar la orden, lo que eventualmente podría llevar el caso hasta la Corte Suprema. Este proceso podría extenderse durante meses o incluso años.
Mientras tanto, y salvo que una instancia superior suspenda la decisión, la administración está obligada a restituir los beneficios migratorios.
Hasta el momento, ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ni el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) han dicho cómo se implementará la orden de la jueza o si el gobierno la apelará.
El caso se suma a las tensiones en torno a las políticas migratorias recientes, particularmente sobre el uso del parole humanitario y las herramientas digitales para gestionar el ingreso de migrantes.
