Pagar una compra con el celular, transferir dinero desde una aplicación o utilizar un código QR para cubrir un servicio son prácticas que el Gobierno mexicano busca extender a más espacios de la economía. La propuesta forma parte de la Ley de Economía Digital, impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum para reducir el uso de efectivo y facilitar que las operaciones económicas dejen un registro electrónico. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados como parte del Paquete Económico de 2027 y, según la información publicada este 12 de octubre por El País, debe continuar su proceso legislativo en el Senado. Por ahora, no debe confundirse esa aprobación en una cámara con la entrada en vigor definitiva de todas las medidas.
El cambio que busca el Gobierno va más allá de dejar de utilizar billetes y monedas. La intención es que una mayor cantidad de pagos pueda rastrearse mediante registros electrónicos, lo que podría facilitar la administración de negocios, mejorar el seguimiento de ciertas operaciones y ayudar a identificar actividades económicas que hoy permanecen fuera de los sistemas formales. La iniciativa también se relaciona con la recaudación fiscal, aunque el planteamiento no consiste en crear un nuevo impuesto por cada pago digital. La expectativa oficial es que una economía con más operaciones registradas permita conocer mejor los movimientos comerciales y amplíe las posibilidades de formalización.
💳 Uno de los principales desafíos será conseguir que la población realmente adopte estos medios de pago. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del Inegi muestra que el uso de efectivo en compras de hasta 500 pesos pasó de 90.1% en 2021 a 85.2% en 2024. Durante el mismo periodo, las transferencias electrónicas y los pagos mediante aplicaciones avanzaron de 1.6% a 4.4%. Aunque existe un cambio gradual, las cifras muestran que el efectivo continúa siendo la opción habitual para muchas compras cotidianas. Para que esa tendencia cambie, no bastará con tener tecnología disponible: también será necesario que las herramientas resulten sencillas, accesibles y confiables para quienes las utilizan.
La propuesta contempla aprovechar sistemas que ya existen en el país, como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), operado por Banco de México, y CoDi, la plataforma que permite realizar pagos mediante códigos QR. También plantea facilitar la apertura de cuentas digitales para personas, pequeños negocios y comercios. Si estas herramientas consiguen llegar a más usuarios, podrían ayudar a que algunos establecimientos administren mejor sus cobros y reduzcan su dependencia del efectivo. Sin embargo, la adopción también dependerá de factores como el acceso a internet, la disponibilidad de teléfonos inteligentes, la confianza en las aplicaciones y la facilidad para resolver problemas cuando una operación no se completa.
⛽ Entre los sectores que podrían incorporarse primero se encuentran las gasolineras y las casetas de peaje, de acuerdo con los detalles de implementación adelantados por funcionarios federales. La iniciativa también contempla que las dependencias públicas amplíen el uso de pagos electrónicos. La intención es que las operaciones puedan verificarse con mayor facilidad y que existan menos espacios para irregularidades en ciertos procesos. Aun así, será importante conocer las reglas definitivas, los plazos y las condiciones que deberán cumplir los establecimientos antes de afirmar que los pagos digitales serán obligatorios en todos los sectores. La propuesta todavía requiere completar su proceso legislativo y desarrollar las disposiciones correspondientes.
🔎 El reto será encontrar un equilibrio entre la digitalización y las necesidades de quienes todavía dependen del dinero en efectivo. Para un comercio pequeño, cambiar su forma de cobrar puede representar una oportunidad para llevar registros más claros, pero también implica aprender a utilizar nuevas herramientas y resolver dudas sobre su funcionamiento. Para los consumidores, el beneficio dependerá de que las operaciones sean fáciles y seguras. La propuesta abre una nueva etapa en la discusión sobre cómo se mueve el dinero en México; su impacto real se conocerá conforme avance el proceso legislativo y se definan los mecanismos para llevarla a la práctica.
