Texas reclama nueve islas en la frontera con México; Gobierno mexicano pide respetar límites

La Oficina General de Tierras del estado de Texas identificó 66 acres del Río Bravo como propiedad estatal para facilitar el acceso de las fuerzas de seguridad.

HISPANIC GLOBAL NEWS / J. Amieva

McAllen. — Texas identificó nueve islas del Río Bravo, con una superficie aproximada de 66 acres (26.7 hectáreas), como propiedad del estado. Esta determinación permitirá a las autoridades texanas ingresar, inspeccionar y patrullar estos territorios ubicados en la frontera con México.

El anuncio fue realizado por la Oficina General de Tierras de Texas (TGLO, por sus siglas en inglés) y generó una respuesta del Gobierno mexicano, que pidió respetar el Tratado de Límites de 1970 y recordó que la determinación de la frontera internacional corresponde exclusivamente a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), según informó el diario El País.

De acuerdo con la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, la identificación de estos terrenos por parte de la TGLO resolvería la incertidumbre que existía sobre su propiedad y permitiría al Departamento de Seguridad Pública (DPS) y al Departamento Militar de Texas (TMD) acceder a ellos para realizar labores de vigilancia y protección.

De acuerdo con fotografías del Centro para Estudios Migratorios (Center for Immigration Studies), las áreas identificadas corresponden a extensos bancos de arena y vegetación ribereña en medio del Río Bravo. Se trata de terrenos sin servicios para albergar habitantes, pero que en el pasado han sido identificados como posibles refugios para actividades ilegales.

La funcionaria explicó que su oficina trabaja con autoridades estatales y federales encargadas de hacer cumplir la ley para proporcionarles información sobre las propiedades y facilitar las operaciones de seguridad fronteriza.

“Ahora que la Oficina General de Tierras ha confirmado que estas nueve islas pertenecen al Estado de Texas, estamos notificando a nuestros socios de las fuerzas del orden para que puedan acceder a estas propiedades estatales, patrullarlas, inspeccionarlas y eliminar cualquier actividad ilegal que encuentren, de conformidad con la ley”, declaró Buckingham.

Según la comisionada, el objetivo es evitar que los terrenos sean utilizados como refugio por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas, el contrabando y otras actividades ilícitas.

México recuerda e invoca la aplicación del tratado que establece los límites fronterizos

La decisión de Texas abrió una controversia sobre la propiedad de los terrenos ubicados en el Río Bravo y las facultades de las autoridades estatales para intervenir en ellos.

De acuerdo con información publicada por El País, el Gobierno mexicano pidió respetar el Tratado de Límites de 1970, que establece disposiciones para mantener la frontera entre ambos países y contempla mecanismos binacionales para resolver controversias territoriales.

La postura mexicana es que la determinación del límite internacional corresponde exclusivamente a la CILA, organismo encargado de atender los asuntos relacionados con la frontera y los recursos hídricos compartidos.

Dicho tratado establece que el Río Bravo constituye parte de la línea divisoria entre México y Estados Unidos. Debido a las modificaciones naturales de su cauce, la ubicación y pertenencia de algunas islas puede estar sujeta a disposiciones específicas del acuerdo.

No es la primera vez que ocurre: la isla Fronton es un antecedente

La identificación de las nueve islas retoma una estrategia que Buckingham comenzó a implementar en 2023, cuando declaró como propiedad estatal la isla Fronton, un territorio de alrededor de 170 acres (aproximadamente 70 hectáreas), ubicado en el condado de Starr, en la frontera con Tamaulipas, México.

Después de esa determinación, el DPS y el TMD realizaron trabajos para retirar la vegetación del lugar mediante la Operación Flat Top, con el propósito de facilitar las labores de vigilancia y dificultar el uso del territorio por parte de organizaciones criminales.

La medida vuelve a colocar en el centro de la relación fronteriza la administración de los terrenos del Río Bravo y la coordinación entre ambos países para determinar la propiedad y jurisdicción de las islas sin alterar los límites internacionales.