La contratación de servicios tecnológicos para el Gobierno mexicano quedó bajo la lupa después de que la Comisión Nacional Antimonopolio impusiera multas por un total de 67 millones de pesos a nueve empresas y siete personas. La resolución, publicada este martes 27 de octubre, señala que las compañías habrían simulado competir entre sí para obtener contratos públicos durante una década, de 2012 a 2022. Los procedimientos investigados involucraron servicios y equipos de tecnologías de la información para distintas dependencias federales, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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De acuerdo con la autoridad, las empresas sancionadas pertenecían al Grupo Soluciones y participaron en 14 procedimientos de contratación: cuatro licitaciones públicas y diez invitaciones. La investigación concluyó que sus administradores coordinaban las ofertas para aparentar que existía competencia entre proveedores independientes, cuando en realidad las decisiones se tomaban dentro del mismo grupo económico. La resolución también señala que se acordaban los precios y qué empresa presentaría cada propuesta, una práctica que, según la Comisión, afectó las condiciones bajo las cuales las dependencias públicas contrataban estos servicios.
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Uno de los detalles más relevantes del caso es que, según la investigación, las propuestas económicas llegaron a situarse hasta 40% por encima del costo real de los servicios. La autoridad describió una estructura interna denominada “La Fábrica de Licitaciones”, donde se decidía qué compañía participaría en cada procedimiento y se preparaban las propuestas técnicas y económicas. Este mecanismo habría permitido presentar ofertas separadas y simultáneas, aunque las empresas compartían vínculos empresariales y relaciones entre accionistas y administradores. La Comisión consideró que estas conductas constituían prácticas monopólicas absolutas, prohibidas por las normas de competencia económica.
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Los contratos afectados estaban relacionados con la adquisición o el arrendamiento de equipos de cómputo, impresión, telecomunicaciones y seguridad, entre otros bienes y servicios tecnológicos. Aunque estos rubros pueden parecer especializados, tienen una función cotidiana en las operaciones públicas: permiten mantener sistemas informáticos, gestionar información, conectar oficinas y sostener diversos trámites administrativos. Por eso, la competencia entre proveedores es importante para que las instituciones puedan comparar precios y condiciones antes de utilizar recursos públicos. Cuando las ofertas se coordinan para aparentar una competencia inexistente, esa posibilidad de comparación pierde efectividad.
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Entre las nueve compañías sancionadas se encuentran Soluciones Tecnológicas Especializadas, Ofi Store, Factoría de TI, Altum Tecnologic, Distribuidora y Comercializadora Bossanova, Ofiequipos P.C., Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalaciones, DSTI México e Ingeniería de Cómputo y Aplicaciones. Según la resolución, las empresas tenían antecedentes de contratación con el Gobierno y experiencia en los procedimientos públicos. Los contratos relacionados con el caso involucraron a 12 dependencias federales, de acuerdo con el reporte de El País. La investigación abarcó operaciones desarrolladas durante distintos años, por lo que la sanción se refiere a las conductas documentadas en esos procedimientos específicos y no debe interpretarse como una conclusión automática sobre todos los contratos celebrados por las compañías.
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La resolución vuelve a poner sobre la mesa un asunto importante para las finanzas públicas: la necesidad de que los procesos de contratación permitan una competencia efectiva y transparente. La sanción económica busca castigar las prácticas identificadas por la autoridad, mientras que el caso también subraya la importancia de revisar cómo se preparan las licitaciones y cómo se evalúan las relaciones entre los proveedores participantes. El reporte publicado este martes no establece que los 67 millones de pesos correspondan a una devolución total del dinero pagado en los contratos investigados. Por ello, conviene distinguir entre las multas impuestas por la conducta anticompetitiva y cualquier otra posible medida que pudiera derivarse de revisiones administrativas o procedimientos posteriores.
