Una nueva diferencia entre México y Texas surgió por la propiedad de nueve islas ubicadas en el Río Bravo, luego de que autoridades texanas anunciaran que esos terrenos pertenecen al estado y que podrán ser utilizados para labores de vigilancia fronteriza. La decisión fue cuestionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que recordó que la determinación de los límites internacionales no corresponde a un gobierno estatal, sino a los mecanismos establecidos entre ambos países.
El anuncio de Texas fue realizado el 26 de octubre por la comisionada de Tierras, Dawn Buckingham, quien informó que la Oficina General de Tierras de Texas (GLO, por sus siglas en inglés) identificó nueve islas con una superficie aproximada de 66 acres, equivalentes a cerca de 27 hectáreas, como propiedad estatal. Según la dependencia, la revisión incluyó mapas históricos, levantamientos topográficos, fotografías aéreas y otros registros geográficos para establecer la titularidad de los terrenos.
La autoridad texana explicó que el reconocimiento de estas propiedades permitirá facilitar el acceso de corporaciones estatales y federales para realizar patrullajes, inspecciones y acciones de seguridad. Buckingham señaló que las islas podrían ser revisadas para prevenir actividades ilegales, aunque también reconoció que no se ha confirmado la presencia de operaciones criminales en los nueve terrenos recientemente identificados. La medida forma parte de las acciones estatales para reforzar la vigilancia en la frontera con México.
La respuesta mexicana llegó mediante una nota informativa publicada por la Cancillería el 30 de octubre. En ella, la dependencia sostuvo que el Tratado de Límites de 1970 establece que la frontera internacional en el Río Bravo sigue el centro del cauce normal del río, criterio que determina la soberanía de los terrenos ubicados a cada lado. Por esa razón, México considera que la declaración de una autoridad estatal no puede modificar por sí misma los límites reconocidos entre las dos naciones.
Uno de los puntos centrales de la postura mexicana es la función de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), organismo binacional encargado de aplicar los acuerdos fronterizos y determinar de qué lado del límite internacional se encuentra cada isla. La SRE indicó que ninguna autoridad estatal tiene facultades para tomar esa decisión y advirtió que dará seguimiento a cualquier acción que se realice en la zona. También recordó que el tratado establece restricciones sobre obras que puedan modificar u obstruir el escurrimiento normal del río.
La controversia tiene especial relevancia para las comunidades fronterizas del sur de Texas, pues las islas se extienden desde el área de Laredo hacia el sector de McAllen. Mientras Texas sostiene que su determinación permitirá mejorar las labores de seguridad, México insiste en que cualquier definición territorial debe atenderse mediante los procedimientos bilaterales. Por ahora, el desacuerdo coloca nuevamente al Río Bravo en el centro de una discusión que involucra soberanía, seguridad fronteriza y cooperación entre ambos gobiernos.
