Washington D.C. tendrá un nuevo representante ante el Congreso federal por primera vez en 35 años, luego de que Robert White Jr. se prepara para asumir el puesto que durante más de tres décadas ocupó Eleanor Holmes Norton. El funcionario, elegido como delegado de la capital estadounidense, llega a Washington con dos objetivos principales: impulsar nuevamente la discusión sobre la posibilidad de que el Distrito de Columbia se convierta en estado y atender los problemas económicos que enfrenta la ciudad. Su llegada ocurre después de las elecciones intermedias de noviembre, que modificaron el equilibrio político en el Congreso y abrieron un nuevo escenario para las discusiones sobre el futuro de la capital.
White, quien anteriormente formó parte del Consejo del Distrito de Columbia, ocupará un cargo que tiene limitaciones distintas a las de los representantes de los estados. Aunque puede presentar iniciativas y participar en los trabajos legislativos, el delegado de Washington no cuenta con voto definitivo en la aprobación de leyes en la Cámara de Representantes. Esta condición ha sido uno de los principales argumentos de quienes defienden la estadidad para la capital, pues sus habitantes pagan impuestos federales y participan en elecciones nacionales, pero no tienen la misma representación legislativa que los ciudadanos de los 50 estados.
El nuevo delegado considera que los resultados electorales recientes pueden abrir una oportunidad para retomar el tema. En declaraciones a The Associated Press, White sostuvo que el Partido Demócrata debería colocar la estadidad de Washington D.C. entre sus prioridades nacionales y comenzar a construir respaldo entre sus integrantes en el Congreso. También señaló que la incorporación de dos senadores que representarían al distrito cambiaría su participación en las decisiones federales. Sin embargo, el camino no es sencillo: una iniciativa para conceder la estadidad fue aprobada por la Cámara de Representantes en 2021, pero no logró avanzar en el Senado ante la oposición republicana y la amenaza de un bloqueo parlamentario.
Más allá del debate político, White también quiere que el Congreso atienda la situación económica de la ciudad. La Oficina de Análisis de Ingresos de Washington D.C. estimó una pérdida neta de aproximadamente 22 mil empleos durante 2025, con un impacto cercano a los 3 mil millones de dólares en ingresos anuales para los residentes. La reducción de puestos federales ha afectado a trabajadores y negocios que dependen de la actividad generada por las oficinas gubernamentales. Restaurantes, comercios y servicios locales resienten cuando menos empleados acuden diariamente a sus centros de trabajo y disminuye el consumo en distintas zonas de la capital.
La agenda de White también incluye la defensa de espacios e instituciones que han quedado en medio de controversias con el gobierno del presidente Donald Trump. El delegado electo manifestó su oposición a los cambios propuestos para sitios como el Kennedy Center, el campo de golf East Potomac y un proyecto de arco monumental cerca del Cementerio Nacional de Arlington. Considera que estos lugares tienen un valor histórico y cultural que debe tomarse en cuenta antes de modificar su uso o apariencia. Algunos de esos proyectos enfrentan procesos legales y cuestionamientos, por lo que su futuro no depende únicamente de la postura del nuevo representante.
White también expresó preocupación por la presencia de la Guardia Nacional en Washington y por el alcance de la autoridad presidencial sobre las instituciones locales. El distrito mantiene un régimen de autonomía limitada desde 1973, cuando el Congreso estableció un sistema de gobierno propio, aunque conserva facultades de supervisión sobre decisiones de la ciudad. El delegado electo dijo que trabajará con la nueva alcaldesa, Janeese Lewis George, para coordinar esfuerzos y defender los intereses de los residentes frente a posibles decisiones federales. Su llegada representa un relevo después de 36 años de Eleanor Holmes Norton en el cargo, pero también plantea una pregunta que Washington arrastra desde hace décadas: hasta dónde puede decidir sobre su propio gobierno sin depender del Congreso.









