- Abogados denuncian condiciones insalubres y largas estancias de menores migrantes en centro de detención de Texas
HISPANIC GLOBAL NEWS
Dilley, Texas.- Al menos 60 menores migrantes han permanecido durante más de 100 días bajo custodia en el centro de detención de Dilley, Texas, un periodo que supera ampliamente el límite de aproximadamente 20 días asociado con las disposiciones del acuerdo Flores para la permanencia de niños bajo custodia migratoria. La situación ha vuelto a colocar a este centro en el centro de una disputa legal sobre las condiciones y el tiempo durante el cual el gobierno estadounidense puede mantener detenidos a menores y familias migrantes.
El centro de Dilley es actualmente la única instalación de detención familiar que opera en Estados Unidos. Un análisis realizado por The Texas Tribune con base en información del gobierno federal encontró que, aunque la estancia promedio de los menores en el centro ronda actualmente los 25 días, el tiempo de permanencia ha superado el límite establecido por el acuerdo Flores de manera recurrente. Durante un periodo de seis meses que terminó en diciembre de 2025, el promedio de permanencia llegó a 47 días. De acuerdo con información presentada en documentos judiciales, decenas de menores llegaron a permanecer bajo custodia durante más de 100 días.
El acuerdo Flores surgió de una demanda colectiva presentada en 1985 contra el gobierno federal por las condiciones en que eran mantenidos los niños detenidos por motivos migratorios y posteriormente estableció estándares nacionales para su tratamiento, colocación y liberación. Entre sus principales disposiciones se encuentra la obligación de evitar que los menores permanezcan durante periodos prolongados en instalaciones de detención migratoria. Aunque la administración Trump ha cuestionado la vigencia del acuerdo y ha buscado ponerle fin, los tribunales continúan considerando sus disposiciones aplicables.
Un centro reabierto por Trump
La administración Trump reabrió el centro de Dilley en marzo de 2025, después de que el gobierno de Joe Biden hubiera terminado con la detención de familias y cerrado la instalación durante su administración. Durante el primer año posterior a su reapertura, alrededor de 3 mil niños fueron retenidos en el lugar mientras enfrentaban procesos migratorios, y más de la mitad permaneció bajo custodia durante más de 20 días. La reapertura convirtió nuevamente a Dilley en una pieza importante de la estrategia de detención familiar utilizada por el gobierno federal.
Abogados que representan a menores y familias migrantes sostienen que las estancias prolongadas, sumadas a las condiciones denunciadas dentro de la instalación, representan un incumplimiento de las obligaciones establecidas por el acuerdo Flores. En documentos y testimonios presentados durante la disputa judicial se han recogido señalamientos sobre comida en mal estado, agua que las familias consideran no potable y dificultades para obtener atención médica adecuada.
Uno de los testimonios corresponde a un adolescente de 16 años identificado en documentos judiciales únicamente por sus iniciales, SMH. El menor llegó a Estados Unidos con sus padres cuando era niño y, de acuerdo con la información presentada en el caso, la familia había obtenido la residencia permanente en 2016. Sus padres son profesores de psicología en instituciones educativas de California.
En abril, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestaron a la familia después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, ordenara a agentes de inmigración revocar su estatus legal permanente, según la documentación citada en el caso. Posteriormente, la familia fue separada y enviada a diferentes centros de detención en Texas: el adolescente y su madre fueron trasladados a Dilley, mientras que su padre permanece en el Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Texas, en Pearsall.
El adolescente declaró bajo juramento que su arresto y detención fueron una experiencia “aterradora” y que perdió aproximadamente 4.5 kilogramos desde que fue detenido. De acuerdo con su testimonio, durante sus más de cuatro meses en Dilley compartió habitaciones con otros detenidos y estuvo expuesto a condiciones en las que había cucarachas, arañas y mosquitos. Sus abogados sostienen que la duración de su permanencia supera ampliamente el periodo contemplado por el acuerdo Flores para la detención de menores.
La disputa por el acuerdo Flores
El conflicto en torno a Dilley forma parte de una batalla legal mucho más amplia entre la administración Trump y quienes defienden la permanencia del acuerdo Flores. Durante su primer mandato, el gobierno de Trump también intentó terminar con el pacto. En su actual administración, el gobierno federal ha vuelto a argumentar ante los tribunales que el acuerdo se encuentra “obsoleto” y que representa una forma de intervención judicial excesiva sobre la política migratoria.
ICE, por su parte, ha señalado ante un tribunal que el aumento del tiempo promedio de permanencia en Dilley se debe en buena medida a un número relativamente reducido de detenidos que permanecen bajo custodia durante periodos excepcionalmente largos, entre otras razones después de ser considerados riesgos para la seguridad nacional. Esa explicación ha sido cuestionada por abogados y defensores de los derechos de los menores, quienes sostienen que el gobierno continúa teniendo la obligación de cumplir con los límites y estándares establecidos judicialmente.
La jueza federal Dolly M. Gee, de California, quien supervisa el cumplimiento del acuerdo Flores, ha mantenido bajo revisión las condiciones de detención de los menores. En una audiencia celebrada en junio, señaló que planeaba designar a un supervisor para vigilar que la administración federal cumpliera con las disposiciones del acuerdo. La disputa continúa actualmente ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.
Mientras el proceso judicial continúa, el centro de Dilley permanece como uno de los principales escenarios de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump. El incremento en las estancias prolongadas, las denuncias sobre las condiciones de vida y la batalla por determinar hasta dónde puede llegar el gobierno federal en la detención de familias y menores mantienen a la instalación bajo una intensa vigilancia legal y política.
