Un informe puso en evidencia seis fallecimientos en instalaciones de detención durante el último año y señaló fallas en la atención médica, hacinamiento y deterioro de condiciones tras la entrada de la administración Trump
HISPANIC GLOBAL NEWS/ J. Amieva
California.- La presión sobre los centros de detención migratoria en California alcanzó niveles críticos durante el último año. Un informe estatal emitido por el Departamento de Justicia de California de la oficina del procurador general, Rob Bonta, que engrosa 175 páginas, reveló que seis personas han muerto dentro de estas instalaciones tan solo entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, mientras los recintos enfrentaban sobrepoblación, dificultades para garantizar atención médica básica y demás servicios esenciales a los detenidos.
El reporte presenta un panorama más amplio sobre las condiciones al interior de los centros de detención de inmigrantes en California, muchos de ellos ubicados en zonas alejadas y de acceso complicado para abogados, familiares y organizaciones de derechos humanos.
También marca el mayor número de fallecimientos dentro de este tipo de establecimientos registrado desde que el estado comenzó a inspeccionar estas instalaciones hace siete años. De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, que da seguimiento a los comunicados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en 2024 no se habían reportado fallecimientos en centros de detención de California.
Las muertes, de acuerdo al documento, ocurrieron en medio de la campaña de deportaciones masivas impulsada por la administración de Donald Trump, la cual comenzó en Los Ángeles y elevó la población detenida en más de 150 por ciento.
A nivel nacional, 18 personas han muerto este año en centros de detención migratorios, una cifra equivalente a aproximadamente un fallecimiento por semana. Y desde el inicio de la administración Trump, el total asciende a 48 muertes.
Fallas médicas y condiciones extremas
En California, cuatro de las seis muertes ocurrieron en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, en el condado de San Bernardino. Las otras dos tuvieron lugar en el Centro de Detención Regional Imperial, ubicado en Calexico, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.
El informe señala que, en los cuatro casos registrados en Adelanto, las familias de las víctimas acusaron al centro de no proporcionar atención médica adecuada.
Las inspecciones fueron realizadas por el Departamento de Justicia de California como parte de una ley aprobada en 2017 ante las preocupaciones sobre las condiciones en estos centros. Para elaborar el reporte, investigadores y especialistas médicos realizaron visitas de dos días a cada instalación y entrevistaron a 194 personas provenientes de más de 120 países.
Durante las inspecciones, los investigadores documentaron deficiencias relacionadas con la atención de la salud mental, así como también el impacto que tuvo el incremento acelerado de la población detenida sobre los servicios médicos.
Algunos inmigrantes relataron que su alimentación se limitaba a frijoles y pan, situación que les ocasionaba diarrea. Otros denunciaron temperaturas extremadamente frías dentro de las instalaciones, al grado de verse en la necesidad de utilizar calcetines como mangas improvisadas para soportar el clima.
En uno de los centros de detención para migrantes, los inspectores encontraron que no había suficientes sanitarios para la cantidad de detenidos, además de reportes constantes sobre baños en malas condiciones de higiene.
Recortes y falta de supervisión
Los investigadores estatales concluyeron que los centros no aumentaron el número de médicos ni personal sanitario pese al incremento acelerado de personas detenidas.
En California City, donde el año pasado abrió un nuevo centro de detención dentro de una antigua prisión estatal, el informe calificó la disponibilidad de personal médico como de “nivel crítico”. En ese momento, la instalación contaba con un solo médico para atender a casi mil detenidos.
Todos los centros de detención migratoria en California son operados por empresas privadas mediante contratos de concesión con el gobierno federal. Según el reporte, tanto las compañías administradoras como las autoridades federales incumplieron sus propios estándares de atención.
El documento también señala que la administración Trump redujo diversas protecciones federales dirigidas a personas detenidas.
Desde enero de 2025, el gobierno federal eliminó recursos destinados a programas legales que informaban a los inmigrantes sobre sus derechos, cerró oficinas de supervisión de derechos civiles del Departamento de Seguridad Nacional y suspendió protecciones para detenidos transgénero.
