- Gobierno de Trump paga 1,500 millones de dólares por dos centros de detención para reforzar plan de deportaciones en California
HISPANIC GLOBAL NEWS
California, Estados Unidos.- La política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump no solo continúa enfrentando una intensa batalla legal en California, sino que también ha significado una inversión multimillonaria para el gobierno federal. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destinó cerca de 1,500 millones de dólares para adquirir dos centros privados de detención de inmigrantes en el estado, pagando más de cuatro veces el valor catastral de ambas instalaciones con el objetivo de garantizar la capacidad operativa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la costa oeste.
La decisión representa un cambio importante en la estrategia federal. En lugar de depender exclusivamente de empresas privadas que operan instalaciones sujetas a regulaciones estatales, el gobierno busca convertirse en propietario de los inmuebles y participar de manera más directa en su administración. Con ello pretende reducir el impacto de las leyes impulsadas por California para limitar o eliminar los centros privados de detención y asegurar que la infraestructura migratoria permanezca disponible independientemente de futuros cambios legislativos.
Las propiedades adquiridas corresponden al Centro de Detención de Otay Mesa, ubicado en el condado de San Diego, y al Centro de Detención de California City, en el condado de Kern, ambos operados hasta ahora por la empresa penitenciaria privada CoreCivic. Para ICE, estas instalaciones son consideradas piezas estratégicas dentro de su red de detención en el oeste de Estados Unidos.
Jason Sweeney, portavoz de ICE, explicó que California representa un desafío particular para la agencia debido a las restricciones estatales sobre la colaboración con autoridades migratorias federales. “A diferencia de estados como Florida y Oklahoma, en California ICE no puede contar con socios estatales y de los condados para obtener espacio para centros de detención”, afirmó. También sostuvo que las políticas de “estado santuario” han impulsado iniciativas destinadas a hacer financieramente inviables las prisiones privadas utilizadas para fines migratorios.
El gobierno pagó más de cuatro veces el valor de las propiedades
Uno de los aspectos que más críticas ha generado es el monto desembolsado por el gobierno federal para concretar ambas adquisiciones. El Centro de Detención de Otay Mesa tenía un valor catastral de 164.9 millones de dólares para el presente año fiscal; sin embargo, el DHS pagó 739.2 millones de dólares, es decir, alrededor de 4.5 veces su valor registrado.
La situación fue similar con el Centro de Detención de California City, cuyo valor catastral ascendía a 171.5 millones de dólares, mientras que el gobierno desembolsó 732.6 millones, equivalente a 4.3 veces esa cantidad. En conjunto, ambas operaciones sumaron cerca de 1,500 millones de dólares, una cifra que ha provocado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos para fortalecer la infraestructura de detención migratoria.
Anthony Martinez, portavoz del gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la operación como un “uso imprudente y cruel del dinero de los contribuyentes”. Además, acusó a la administración federal de invertir miles de millones de dólares en contratistas privados mientras evita transparentar las condiciones en las que permanecen las personas detenidas dentro de estos centros.
Una disputa que lleva años entre California y Washington
El conflicto entre California y el gobierno federal en materia migratoria se remonta al primer mandato de Donald Trump. En 2019, el gobernador Gavin Newsom promulgó una ley que buscaba eliminar gradualmente las prisiones privadas y los centros de detención de inmigrantes con fines de lucro para el año 2028. No obstante, tanto empresas del sector como el propio gobierno federal impugnaron la legislación al considerar que invadía competencias exclusivas del gobierno de Estados Unidos en materia migratoria.
En 2022, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito anuló la prohibición para los centros de detención administrados por compañías privadas. Aun así, legisladores californianos han continuado impulsando nuevas propuestas para limitar su operación, incluyendo impuestos y regulaciones destinadas a dificultar su viabilidad financiera.
Especialistas consideran que la compra directa de estas instalaciones responde precisamente a ese contexto legal. Al convertirse en propietario de los inmuebles, el gobierno federal busca blindar la infraestructura utilizada por ICE frente a futuras acciones estatales que pretendan restringir el funcionamiento de los centros privados de detención.
Parte de una expansión nacional de la capacidad de ICE
La adquisición también forma parte de un plan más amplio para ampliar la capacidad de detención migratoria en Estados Unidos. Hace un año, la administración Trump obtuvo un paquete presupuestario que asignó 45 mil millones de dólares a ICE para incrementar el número de espacios disponibles para personas sujetas a procesos migratorios.
Inicialmente, el proyecto contemplaba transformar grandes almacenes en megacentros con capacidad para albergar entre 7,500 y 10,000 personas. Sin embargo, con miles de millones de dólares aún disponibles antes de que expire el presupuesto, la compra de instalaciones ya construidas surgió como una alternativa más rápida y eficiente para aumentar la capacidad operativa.
De acuerdo con documentos internos obtenidos por The Washington Post, la administración había evaluado la adquisición de al menos diez instalaciones “llave en mano” distribuidas en distintos estados. Entre ellas figuraba California City, junto con varios centros localizados en Texas y Oklahoma. Analistas consideran que esta estrategia marca una nueva etapa en la política migratoria federal, al fortalecer la infraestructura de detención mediante la compra de propiedades propias y reducir la dependencia de contratos sujetos a cambios regulatorios impulsados por gobiernos estatales con posturas migratorias distintas a las de Washington.
