El aval de Estados Unidos al uso de armas de energía dirigida abre un debate incómodo: no sobre su eficacia contra drones, sino sobre su convivencia con vuelos comerciales en un espacio aéreo cada vez más presionado
HISPANIC GLOBAL NEWS / Javier Amieva
Nuevo México.- La decisión de la Administración Federal de Aviación y el Departamento de Defensa de Estados Unidos de autorizar el uso de sistemas láser anti-dron en la frontera con México marca un punto de inflexión. No solo en la estrategia de seguridad, sino en la gestión del espacio aéreo civil.
El acuerdo, anunciado tras pruebas en Nuevo México, valida que estos sistemas pueden operar sin representar “riesgos indebidos” para la aviación comercial. Es, en términos oficiales, una garantía técnica. Pero los hechos recientes apuntan a otra dimensión del problema: la operativa.
Porque el debate ya no es si el láser puede derribar drones. Es si puede convivir, sin fricciones, con aviones comerciales, pilotos civiles y rutas aéreas saturadas.
El sistema autorizado, conocido como LOCUST, representa una nueva generación de defensa aérea. A diferencia de los misiles, utiliza un haz de energía concentrada para inutilizar drones, dañando sensores o sistemas de propulsión.
Desarrollado por AeroVironment, puede operar con potencias de entre 20 y más de 35 kilovatios, atacar múltiples objetivos sin necesidad de recarga y hacerlo a un costo estimado de menos de cinco dólares por disparo.
Su atractivo es evidente en un contexto donde el Comando Norte de Estados Unidos calcula más de mil incursiones mensuales de drones en la frontera con México. Muchos de ellos, según autoridades, utilizados por grupos criminales para vigilancia o contrabando.
El láser promete volumen, rapidez y bajo costo. Pero también exige precisión extrema.
El problema no es la tecnología, sino la coordinación
A pesar del aval institucional, el despliegue de estos sistemas ya mostró sus límites.
El 18 de febrero, la FAA ordenó suspender todos los vuelos en el Aeropuerto Internacional de El Paso durante diez días tras detectar el uso de un sistema láser por parte de una agencia de seguridad sin revisión previa. La medida duró apenas ocho horas, luego de la intervención de la Casa Blanca, pero dejó en evidencia una falla crítica: la falta de coordinación.
Días después, el 25 de febrero, el ejército estadounidense derribó por error un dron gubernamental con este mismo tipo de tecnología. El incidente obligó a ampliar la zona de exclusión aérea en torno a Fort Hancock.
Estos episodios no cuestionan directamente la seguridad del láser como herramienta, pero sí el ecosistema en el que opera. En un espacio aéreo donde agencias civiles, militares y comerciales se reúnen, cualquier desajuste puede traducirse en cierres, desvíos o incertidumbre para los pilotos.
“La principal prioridad de la FAA es proteger la seguridad del público que viaja en avión”, señaló su administrador, Bryan Bedford, al anunciar el acuerdo.
Un cambio estructural en el espacio aéreo
La autorización no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia más amplia de Washington para responder al aumento de drones en la frontera.
El uso de armas de energía dirigida en territorio estadounidense —tradicionalmente reservado para escenarios militares— implica una transformación del espacio aéreo. Ya no es solo un entorno civil con vigilancia militar, sino un espacio compartido donde tecnologías de defensa operan en tiempo real.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha señalado que estas pruebas servirán como base para futuros despliegues dentro del país. Es decir, lo que hoy ocurre en la frontera podría replicarse en otras regiones.
El riesgo silencioso para la aviación
Desde el punto de vista técnico, los láseres de alta energía no están diseñados para atacar aviones. Sin embargo, sí plantean riesgos indirectos.
Estos sistemas requieren seguimiento preciso del objetivo, control estricto de la zona de impacto y coordinación con el tráfico aéreo.
Un error en cualquiera de estos factores puede generar desde deslumbramiento hasta interferencias operativas en fases críticas como despegues o aterrizajes.
El general Matt Ross, vinculado al desarrollo del programa, defendió las pruebas al afirmar que demuestran avances clave en tecnología antidrones para “defender la patria”.
Según las autoridades, los grupos delictivos utilizan cada vez más drones para la vigilancia, el contrabando y el reconocimiento de rutas.
La autorización de la FAA establece un marco para operar estos sistemas sin interrumpir vuelos comerciales. Sin embargo, ese equilibrio depende de algo más que tecnología: depende de coordinación institucional en tiempo real.
