Expertos advierten que la eliminación de directrices claras generará miedo entre familias migrantes y agravará las brechas de acceso a la salud en el estado.
HISPANIC GLOBAL NEWS/ A. López
Dallas, Texas.- Un cambio en las normas federales relacionadas con el uso de beneficios públicos por parte de inmigrantes podría tener consecuencias profundas en Texas, donde expertos advierten que la incertidumbre que provoca esta propuesta podría traducirse en un aumento significativo de niños sin seguro médico. La preocupación principal no es solo el alcance legal de la medida, sino el “efecto paralizante” que podría generar entre las comunidades migrantes.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) busca retirar las directrices actuales sobre la llamada regla de “carga pública”. De concretarse, la norma permitiría a funcionarios federales revisar la aplicación de programas de asistencia como Medicaid o SNAP para determinar si un inmigrante “probablemente se convertirá en una carga pública” y dependerá del gobierno para cubrir sus necesidades básicas.
Si una persona ha utilizado beneficios públicos, esto podría afectar negativamente sus probabilidades de obtener un estatus legal, como la residencia permanente, la famosa “green card”. Aunque la propuesta en análisis no cambia de manera radical la definición legal, los especialistas coinciden en que la falta de claridad puede generar temor entre familias que dependen de estos programas para el cuidado de la salud y la atención médica de emergencia, incluso cuando sus hijos tienen derecho a ellos.
“Las familias estarán un poco más preocupadas”, dijo Robert Sanborn, presidente y director ejecutivo de Children at Risk, una organización de defensa en Texas. “El problema es que, cuando hablamos de muchas familias latinas, existe mucho temor sobre las consecuencias de esto”.
Kelly Whitener, profesora asociada del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, explicó que históricamente ha existido falta de claridad sobre qué implica exactamente el concepto de “carga pública” y cómo se aplica.
“La última norma propuesta busca deshacer lo que la norma de la administración Biden estableció en torno a esa definición sin ofrecer una nueva”, dijo Whitener.
Durante la primera administración de Trump, en 2019, el gobierno amplió la lista de beneficios que podían considerarse para determinar si una persona representa una “carga pública” e incluyó el uso previo de programas de asistencia. En 2022, la administración Biden revirtió ese enfoque y restableció la definición utilizada desde 1999, limitando la evaluación a casos como asistencia en efectivo —por ejemplo, Ingreso del Seguro Social— o institucionalización a largo plazo.
Defensores de derechos migrantes señalaron que las directrices vigentes facilitan a las familias y proveedores de servicios saber qué beneficios son seguros de usar sin afectar futuros procesos migratorios. La propuesta del DHS eliminaría esas guías, dejando a las familias sin referencias claras.
Además, el borrador elimina una cláusula que aclaraba que el uso de beneficios por parte de familiares —como niños inscritos en Medicaid o programas de asistencia alimentaria— no podía utilizarse en contra del solicitante.
Los antecedentes refuerzan estas preocupaciones. Durante la primera administración de Trump, uno de cada siete adultos en familias inmigrantes declaró haber evitado acceder a programas de beneficios públicos por temor a afectar su estatus migratorio. Ahora, expertos creen que el efecto disuasorio podría ser aún mayor debido a la eliminación de las directrices mencionadas.
Whitener advirtió que las tasas de niños sin seguro médico en todo el país podrían aumentar hasta en un 25 por ciento como resultado, lo que afectaría también a menores que son ciudadanos estadounidenses o que cuentan con estatus legal.
En Texas, el impacto podría ser especialmente grave. Sanborn señaló que aproximadamente un tercio de los niños en el estado son inmigrantes o hijos de inmigrantes, y más del 90 por ciento de ellos tiene estatus legal.
A pesar de ello, Texas ya encabeza la lista nacional de niños sin seguro médico. En 2024, más del 13 por ciento de los menores carecía de cobertura, más del doble del promedio nacional. Mientras que alrededor del 9 por ciento de los niños no latinos no tiene seguro, más del 18 por ciento de los niños latinos se encuentra en esa situación, según Whitener.
Defensores y especialistas coincidieron en que el cambio podría tener consecuencias devastadoras para la salud de las comunidades migrantes, tanto a corto como a largo plazo, al reducir el acceso a atención preventiva y tratamientos básicos. Además, especialistas en salud pública advierten que estas afectaciones podrían extenderse al resto de la población.
Aunque la norma aún se encuentra en fase de borrador y el periodo de comentarios públicos concluyó en diciembre, Whitener recordó que las personas todavía pueden comunicarse con sus legisladores para expresar sus inquietudes sobre la propuesta.
